Fernando Gutiérrez :: Tecnología y Sociedad

Les comparto esta interesante información que deriva de la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México.

1.       Hoja de Alcances y Datos Esenciales: señala que la meta de ACTA es la de establecer un marco de cooperación internacional, que permita un combate a la proliferación de falsificación y piratería, definiendo procedimientos ‘efectivos’. Señala que: “No existe ninguna propuesta que obligue a los miembros de ACTA a solicitar a los proveedores de servicio de internet (ISPs) que terminen con la conexión de usuarios con base en alegatos acumulados de infracciones a los DPI en línea (la llamada regla de “tres notificaciones”)”. Se menciona que se pretende concluir la negociación a finales del 2010. Algunos miembros con la finalidad de transparentar la negociación, expedirán resumen de los asuntos en discusión, publicación de agendas antes de cada ronda y la expedición de notas de prensa posteriores a las rondas.

2.       Resumen de Elementos Clave que están en Discusión: señala a grandes rasgos el objetivo del acuerdo así como la estructura. Lo destacado es que, respecto de la sección 4 de la “Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual en el ámbito Digital” el objetivo es establecer el papel y las responsabilidades de los prestadores del servicio de Internet. Sin embargo, se hace la aclaración de que “Aún no se ha desarrollado un proyecto al respecto toda vez que las discusiones están siendo enfocadas en la compilación de información sobre los diferentes regímenes nacionales a fin de desarrollar un entendimiento común que trate de la mejor manera estos asuntos”.

B) Se envían asuntos relacionados con el tema de TIC´s, agendados para la sesión de hoy 6 de abril de 2010 en la Cámara de Diputados.

1. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a  las policías cibernéticas a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgos en el uso de Internet. Se exhorta a las Policías Cibernéticas federal y locales a fortalecer su personal e infraestructura, y establecer convenios que faciliten la cooperación e intercambio recíproco de información. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que, en coordinación con las dependencias locales que tengan a su cargo policías cibernéticas, las dote de mayores recursos, unifique criterios respecto a las funciones que realizan e implante mecanismos de prevención entre los ciudadanos respecto a los riesgos en el uso de Internet.
2. Dictamen a discusión, de la comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial. En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores se propone reformar los artículos 429 del Código Penal Federal, 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de proteger los derechos de autor y de la propiedad industrial, por las grandes repercusiones económicas, jurídicas y sociales que implica el fenómeno delictivo conocido comúnmente como “piratería” (incluye al software). Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta ley (Propiedad Industrial). Este delito se perseguirá de oficio.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ANTI-FALSIFICACIÓN (ACTA) SE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA NEGOCIACIÓN Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Honorable Asamblea:

EL SUSCRITO SENADOR RICARDO GARCÍA CERVANTES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXI LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y CONFORME EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Desde el 23 de Octubre de 2007 México participa en las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés). El cual tiene por objeto establecer estándares de observancia de los derechos de propiedad intelectual y el combate a la piratería y la falsificación.

Dichas negociaciones se han llevado a cabo en total confidencialidad. Es importante hacer notar la deliberada elección de las partes de no negociar por medio de organismos internacionales ya establecidos, como la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) y la OMC (Organización Mundial de Comercio), que han definido marcos de información y consulta públicas.

A pesar de lo anterior, a partir de la poca información divulgada oficialmente y de algunos documentos que han sido filtrados y divulgados a través de Internet, se ha hecho público que una de las pretensiones de ACTA es establecer medidas administrativas, civiles y penales en contra de usuarios y proveedores de servicios de Internet.

Lo anterior ha provocado el interés de la sociedad mundial, en especial de los usuarios de Internet respecto de los términos y extensión de las disposiciones del Acuerdo, y ha suscitado preocupaciones respecto del impacto que ACTA pueda tener en el ejercicio de los Derechos Fundamentales.

El Parlamento Europeo ha hecho eco de la preocupación mundial adoptando una resolución el pasado 10 de Marzo de 2010, la cual fue aprobada por abrumadora mayoría de 633 votos a favor, 13 en contra y 16 abstenciones, exigiendo a la Comisión Europea negociaciones transparentes y que en las mismas se salvaguarde en todo momento los Derechos Fundamentales y los derechos de los usuarios.

Este Senado debe realizar un exhorto al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y las demás dependencias negociadoras de este Tratado, en primer lugar para que mantenga informado al Senado respecto de los avances en la negociación del tratado.

En segundo lugar, se debe realizar un exhorto para que en la próxima reunión a llevarse a cabo en Abril de 2010 en Nueva Zelanda, México abogue por que se ponga a disposición del público el texto de ACTA y se permita la participación de la sociedad en general.

Finalmente, es indispensable que en las negociaciones, México salvaguarde en todo momento los Derechos Fundamentales reconocidos en la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. En especial, México no puede aceptar disposiciones que pongan en riesgo el derecho a la privacidad, así como los derechos a la salud, a la alimentación, educación así como a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica contiene un capítulo de “Procedimientos de Información sobre la Celebración de Tratados” que obliga al Ejecutivo Federal a que por conducto de las Secretarías de Estado y de cualquier organismo de la Administración Pública Federal que represente a México en las negociaciones, deben presentar informes periódicos de las mismas y aún como lo establece el artículo 8 de dicha ley, citar a comparecencia a las y los funcionarios involucrados en la negociación.

Por lo que teniendo a la vista los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, no sólo es derecho, sino también obligación del Senado a través de sus comisiones pertinentes, recibir información y pronunciarse en relación con la misma.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que la Cámara de Senadores requiera al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría General de la República, a la Administración General de Aduanas y al Instituto Nacional del Derecho de Autor, todas ellas dependencias negociadoras, un informe sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) en curso de negociación, antes de la celebración de la próxima reunión de Nueva Zelanda en abril de 2010.

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que instruya a las dependencias negociadoras del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), para que los textos de negociación de dicho tratado sean puestos a disposición del público lo antes posible.

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que instruya a las dependencias negociadoras del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), para que la posición de México en las negociaciones vigile la observancia de los derechos fundamentales en la redacción de las disposiciones que contenga el tratado.

SENADOR RICARDO GARCÍA CERVANTES

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 16 de marzo de 2010.

Breve investigación realizada por la alumna Monserrat Pamplona Domínguez para la clase de Normatividad de la Comunicación del programa de Ciencias de la Comunicación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.

1. Ley Federal de Telecomunicaciones (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2009).
2. Ley Federal de Radio y Televisión (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2009).
3. Ley Federal de Cinematografía (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2006).
4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
6. Ley Federal del Derecho de Autor (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2003).
7. Ley General de Salud (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005)
8. Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
9. Decreto de Creación del Instituto Mexicano de la Radio (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
10. Decreto de Creación del Instituto Mexicano de Cinematografía (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
11. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
12. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
13. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. (Secretaría de Salud, 2000).
14. Acuerdo número 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas. (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
15. Acuerdo mediante el cual se expiden los criterios para la clasificación de películas cinematográficas. (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
16. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
17. Ley de Imprenta (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
18. Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).
19. Manual de Organización del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005) .
20. Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica (Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 2005).

Fuentes de Información

• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (26 de enero de 2006). Ley Federal de Cinematografía. Recuperado el 12 de agosto de 2009, de http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103.pdf
• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (19 de junio de 2009). Ley Federal de Radio y Televisión. Recuperado el 12 de agosto de 2009, de http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/114.pdf
• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (09 de febrero de 2009). Ley Federal de Telecomunicaciones. Recuperado el 12 de agosto de 2009, de http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/118.pdf
• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (23 de julio de 2003). Ley Federal del Derecho de Autor. Recuperado el 12 de agosto de 2009, de http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf
• Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. (2005). Legislación en Materia. Recuperado el 12 de agosto de 2009, de Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/lgis_mteria.htm
• Secretaría de Salud. (2000). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Recuperado el 12 de agosto de 2009, de http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmp.html

Nota publicada en “El Universal”
Por Carlos Avilés
Jueves 08 de marzo de 2007
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/149067.html

Hasta mayo de 1999, los pactos mundiales estaban por debajo de la Constitución e igual que las normas nacionales.

Los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en temas polémicos y de alto impacto en la vida nacional se han vuelto, en los últimos tres años, frágiles y susceptibles de sufrir cambios radicales en cuanto a su postura, que pueden ir de un extremo a otro, dependiendo únicamente de quiénes formen parte del máximo tribunal del país. Eso es lo que ha pasado cuando a la Corte se le ha preguntado, en diferentes momentos, cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales en México.

De diciembre de 1992 a mayo de 1999, en el máximo tribunal del país prevaleció la idea, plasmada en la tesis P.C/92, de que lo que decían los tratados internacionales estaba por debajo de la Constitución, pero tenía la misma jerarquía normativa que las leyes nacionales.

Es decir que en términos prácticos, en orden de jerarquía la Constitución era la principal norma de México y, en un segundo término, en igualdad de condiciones, se encontraban los tratados internacionales y las leyes nacionales.

En 1999 la SCJN, al revisar un juicio de amparo que promovió el Sindicato de Controladores del Transporte Aéreo, estableció un criterio aislado en el sentido de que los tratados tenían una jerarquía superior a todas las leyes y, por ende, la validez de las mismas dependía de su concordancia con los tratados.

Para unos la decisión de los ministros era la correcta; para otros los tratados debían ubicarse a la par de la Constitución mexicana, y para otros más no era posible establecer una jerarquía, y menos de inferioridad, entre los tratados y las leyes.

A ocho años de distancia, con tres nuevos ministros -distintos a los que originalmente emitieron el fallo en 1999- y después de someter a análisis este tema durante más de dos años, el pleno de la Corte, en esencia, ratificó el criterio sobre la jerarquía que tienen los tratados en la vida jurídica de nuestro país. Aunque con un matiz y después de una votación dividida de seis contra cinco.

Esta votación hace posible que el criterio de la Corte pueda ser modificado en cuanto los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón culminen el periodo para el que fueron elegidos y sean sustituidos en diciembre de 2009.

La mayoría de los ministros -de la que formaron parte Góngora y Azuela- determinaron que los tratados internacionales, junto con lo que denominaron “leyes generales”, son las normas de mayor importancia en la República mexicana, después de la Constitución.

En otras palabras, en esta ocasión la Corte situó en el mismo nivel a los tratados internacionales y las “leyes generales”.

Dentro de las “leyes generales” sólo se encuentran aquellas que el Congreso tuvo que emitir por mandato expreso de algún artículo de la Constitución, como es el caso de la Ley General de Educación, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley General de Asentamientos Humanos.

Por debajo de las leyes generales y de los tratados internacionales, la Corte ubicó a todas las demás leyes, federales, estatales y del Distrito Federal (que pueden emitir, de manera libre, el Congreso de la Unión, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del DF), así como las normas municipales.

La consecuencia de esta decisión es que todas las leyes o normas que vayan en contra de lo que establecen los tratados internacionales pueden ser declaradas inconstitucionales.

Para muchos estudiosos, no puede concebirse la vida humana sin responsabilidad, aunque fuera ésta de orden jurídico o ético. Específicamente la responsabilidad civil obliga a la persona física o jurídica a reparar o indemnizar a otra por los daños y perjuicios que se le cause. El daño puede ser causado por el incumplimiento doloso, culposo o por mora de obligación contractual, por infringir el deber de obrar diligentemente y causar daño, o derivada de actuación constitutiva de infracción penal.(1)

Como consecuencia del daño que se pueda llegar a causar, el derecho elige los hechos que quiere calificar y reglamenta sus consecuencias dentro de la ley. El daño es requisito imprescindible para el nacimiento de la responsabilidad civil. El interés de la responsabilidad civil es restablecer el equilibrio económico jurídico alterado por el daño causado.

El derecho ha seguido regulando la materia y ha contemplado no sólo los daños materiales sino también los daños morales. La indemnización por daño moral constituye actualmente un principio reconocido en todos los sistemas jurídicos modernos y democráticos. Sin embargo, coinciden algunos estudiosos en que la reciente consideración definitiva de la figura, no ha logrado una denominación común en la doctrina jurídica.

En algunos países, la denominación común sobre este tema es daño moral, así es conocida la figura en España, Francia, Argentina, Chile y por supuesto, en México. En otros países como Italia, esta figura es reconocida como daño extrapatrimonial, y en Alemania se trata la institución como daño inmaterial. De cualquier manera la importancia del tema no radica en la variedad de denominaciones sino en el diverso contenido que adquiere esta figura en el ámbito de la teoría de daños. Definitivamente resulta equivocado señalar que lo que no es daño moral, es daño patrimonial…

Para mayor información sobre este interesante tema propongo la siguiente investigación denominada: Estudio actual sobre el daño moral y su situación en México.

Legislación mexicana en materia de comunicación
Fuente: Comisión de Radio Televisión y Cinematografía

- ACUERDO por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Acuerdo mediante el cual se expiden los criterios para la clasificación de películas cinematográficas
- Artículos constitucionales relacionados con la comunicación
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Federal de radio y Televisión
- Ley Federal de Cinematografía
- Ley Federal de Telecomunicaciones
- Ley Federal del Derecho de Autor
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica
- Decreto de Creación del Instituto Mexicano de la Radio
- Decreto de Creación del Instituto Mexicano de Cinematografía
- Acuerdo número 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas
- Manual de Organización del Consejo Nacional de Radio y Televisión
- Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía
- Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad

Sobre las reformas y adiciones a diversas  disposiciones de la legislación federal mexicana en materia de Comercio Electrónico
Por Fernando Gutiérrez y Octavio Islas
Investigadores del Departamento de Comunicación
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

“Detrás de cada tecnología existe una filosofía.”

Bajo la óptica de Postman, estudioso de la ecología de los medios de comunicación, detrás de un reloj se encuentra una nueva forma de medir el tiempo, detrás de un periódico o revista se encuentra una nueva forma de informar, detrás de una computadora se encuentra una nueva forma de trabajar… Cada tecnología lleva inherente un nuevo concepto del entorno. Internet, probablemente en mayor medida que otros medios convencionales de comunicación, ha cambiado la concepción del trabajo, entretenimiento, educación, política, comercio, mercadeo…manifestando una forma particular de operación. Esta redefinición en diferentes ámbitos, también involucra, indiscutiblemente, el desarrollo de una regulación específica que asegure las nuevas actividades en un nuevo entorno. Sobre este aspecto se ha realizado un análisis general, enfocado exclusivamente en el caso de México.

El día 29 de mayo del 2000, el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación, diversas reformas y adiciones, a la legislación federal en materia de Comercio Electrónico. Principalmente los cambios y anexos, propuestos por el Congreso de la Unión, afectaron al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, al Código de Comercio, y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Nueve días después entró en vigor este decreto que ahora forma parte de un primer marco legal que rige las actividades en el ámbito del Comercio Electrónico en nuestro país. (more…)

Un asunto internacional de costo y seguridad:
La Polémica del Código Abierto en la Administración Pública

Por Fernando Gutiérrez C. y Octavio Islas C.
Investigadores de Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Recientemente, en la prestigiada revista norteamericana de tecnologías Wired Digital, se publicó una serie de artículos relacionados con el uso del código abierto en la administración pública de diferentes gobiernos. Uno de estos artículos destaca la existencia de un movimiento conocido como “Iniciativa por la Opción en Software” que intensifica la lucha contra la decisión de varios gobiernos de dictar leyes que promuevan el uso de sistemas de fuente abierta. Este grupo señala, entre otras cosas, que las leyes que promueven el uso de software de código abierto en los ámbitos gubernamentales son aticompetitivas y perjudiciales para el comercio, y una maldición para la economía y los contribuyentes.

Parece ser que este tipo de movimientos surge como consecuencia de la decisión de más de veinte distintos gobiernos, que en un lapso aproximado de un año, han aprobado o propuesto leyes o cambios de políticas que establecen la adopción de software de fuente abierta en los organismos gubernamentales. Por tal razón “La Iniciativa por la Opción en Software” se ocupa de bloquear la aprobación de varias propuestas que aún no han sido tratadas en diversos países, destacando que se les debe permitir a los mercados múltiples competitivos de software crecer y florecer sin impedimentos debidos a preferencias o mandatos del gobierno . Algunos de las compañías que integran esta iniciativa son: Intel (Estados Unidos), Microsoft Corporation (Estados Unidos), Open Solutions (Argentina), Paradigma (Brasil), Asociación Peruana de Software – APESOFT (Perú), Siam Commercial Bank (Tailandia), VSI (Alemania).

Entre las preocupaciones de “La Iniciativa por la Opción en Software” se encuentran países como Venezuela, Colombia, Perú y algunos países miembros de la Comunidad Europea. Por ejemplo en Venezuela, como parte de las “Medidas de Reactivación Económica” y las “Políticas Básicas de Modernización del Estado”, el gobierno ha propuesto incluir un decreto para que las dependencias gubernamentales empleen casi de forma exclusiva software de fuente abierta. De acuerdo con Michelle Delio, en un informe emitido por la Comisión Europea se sugiere que los gobiernos europeos deberían utilizar software de fuente abierta para reducir los costos tecnológicos, que según se estima tendrán un incremento del 28 por ciento en el corriente año y alcanzarán los 6,600 millones de euros (6,700 millones de dólares) .

Por otra parte, la “Fundación de Software Libre” desarrolla nuevas tácticas para divulgar su mensaje sobre la libertad de compartir y modificar el código fuente como un derecho de los usuarios. Sin embargo, durante la última semana del mes de octubre del presente año, se desató una polémica en torno del software libre en Washington.

De acuerdo con Robert McMillan, tres integrantes de la Cámara de Representantes en la Unión Americana enviaron un comunicado a 74 demócratas del Congreso, criticando la Licencia para el Público General de Linux (Software de código abierto) por considerarla una amenaza para la “innovación y la seguridad” estadounidenses. En el comunicado se sugiere que el plan de seguridad incluya un rechazo explícito de las licencias que impedirían o desalentarían la adopción comercial de tecnologías orientadas a la ciberseguridad – como las Licencia para el Público General de código abierto (GPL) -.

Aquellos que defienden y promueven el uso de sistemas de código abierto aseguran que esta polémica no es más que parte de la primera ronda de descargas de lo que sin duda será una gran lucha por la definición del lugar que habrá de ocupar los sistemas de fuente abierta y el software de “Licencia para el Público General” en el gobierno federal. De hecho, en algunas dependencias del gobierno de Estados unidos se utiliza ya el software de código abierta.

En México también se presenta esta polémica sobre el uso de sistemas de código abierto. Según Miguel de Icaza, principal promotor del uso de software libre en nuestro país, el gobierno de México deberá pagar por lo menos 3,500 millones de dólares a Microsoft por las licencias y la renovación de las computadoras que se instalarán en las 1,200 bibliotecas públicas del país, bajo el programa nacional “Hacia un país de lectores”, que forma parte del Sistema Nacional e-México .

Icaza sugiere que con los millones de dólares que podrían ahorrarse en licencias de software propietario el gobierno conseguiría entrenar y emplear a una generación de programadores para crear una industria mexicana de software .

En junio del presente año, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). anunció que abriría mil centros de alfabetización basados en la red, con un gasto calculado en mil millones de pesos; sin embargo – destaca Hiroshi Takahashi – los mexicanos interesados en vender su tecnología y equipo al instituto no ingresan en el proyecto.

De acuerdo con Takahashi , los productores mexicanos de software, hardware y equipo inmobiliario no tienen oportunidad de participar en el proyecto de las Plazas Comunitarias e-México que actualmente desarrolla el INEA. El argumento que expone esta institución es el siguiente:

“Con fundamento en el artículo 23, fracción I, inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y mediante el análisis de información elaborado por el instituto se desprende que los productos nacionales no satisfacen adecuadamente las necesidades de los bienes requeridos por el INEA”,

Según Takahashi, en el anexo I, de las bases de esta licitación del INEA, la primera partida para cubrir 300 plazas comunitarias o centros de alfabetización contempla la compra de dos mil 700 computadoras para estudiantes y 300 para los profesores. Las tres mil computadoras que piden son de la marca Apple, modelo G3. Además, las computadoras deben contar con el sistema operativo Mac OS, de Apple, programas de aplicación de Microsoft Office en español, explorador de internet y software preinstalado que permita la conversión de cualquier documento de cualquier aplicación a formato PDF. La segunda partida, para llenar 600 centros, pide cinco mil 400 computadoras Pentium 4 para los estudiantes y 600 para los profesores. Cada una de estas computadoras debe tener el programa Windows XP Pro, en español, de Microsoft, con licencia y disco compacto. No estipula que deba tener precio para estudiante, destaca el autor.

Bajo la visión Takahashi, de todas las partidas, se deja claro que no podrá utilizarse software gratuito para las mismas, aunque eso significara menores costos. Por otra parte, el proyecto de ley 1609 sobre software libre en la administración pública presentado el 14 de Diciembre del 2001 al Congreso de Perú, enfatiza varios motivos por los cuales el software de un gobierno debe ser abierto . Entre algunas de las razones destacan las siguientes:

Un gobierno debe garantizar que los ciudadanos tengan libre acceso a la información del gobierno: Para lograr esto, es necesario que la codificación de los datos no se encuentre ligada a un solo proveedor. El uso de formatos abiertos y estándar garantiza este libre acceso, haciendo posible la creación de software compatible.

Un gobierno debe garantizar que la información pública esté permanentemente disponible: Resulta necesario que el uso y mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de condiciones monopólicas impuestas por ellos. La disponibilidad permanente de la información pública sólo puede garantizarse por la disponibilidad del código fuente del software usado para acceder a esa información.

Un gobierno debe garantizar la seguridad nacional: Resulta indispensable tener sistemas libres de elementos que permitan control remoto o la transmisión secreta de datos a terceros. Por ello, es imprescindible tener sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público, para que su inspección por el Estado, los ciudadanos y un gran número de expertos independientes sea posible.

El gobierno del Reino Unido también considera estos asuntos. Un proyecto llamado “Software de código abierto empleado dentro del gobierno de Reino Unido” presentado el 15 de Julio de 2002 por la Oficina de Comercio del gobierno sugiere que el Software de código abierto bien configurado puede ser tan seguro como los sistemas propietarios, y que actualmente está sujeto a menos ataques por Internet. Por tal razón debe hacerse un balance entre la disponibilidad de habilidades de administración y seguridad, y las ventajas de muchos sistemas distintos.

Los productos propietarios muy populares pueden ser significativamente menos seguros que las alternativas de código abierto. Por el momento la decisión de empleo de sistemas de código abierto en la Administración Pública resulta ser cuestión de costo y seguridad para los países preocupados por este tema.